La educación ocupó un lugar central en el proyecto político de la dictadura civil-militar de Uruguay (1973 y 1985). Para la coalición golpista el control y la reconfiguración del sistema educativo tenía un carácter estratégico: allí se jugaba no solo la erradicación de la llamada “subversión” o “infiltración marxista” en las aulas, sino también la posibilidad de disciplinar a la juventud y convertirla en sostén del nuevo orden autoritario. En este sentido, la política educativa no se limitó a una función reactiva o represiva, sino que funcionó como una herramienta clave para la producción de consenso cultural, orientada a legitimar el proyecto dictatorial y a moldear un sujeto despolitizado y afín a los valores que el régimen procuró instaurar.
La documentación reunida en este dossier reconstruye el entramado ideológico, normativo y práctico que articuló las transformaciones impuestas por las autoridades de la enseñanza. En este proyecto confluyeron, no sin tensiones, distintas corrientes de la derecha: por un lado, vertientes de acento nacionalista, católico, antiliberal y moralizante; por otro, enfoques de perfil más tecnocrático, liberal y alineados con las recomendaciones de organismos internacionales como la CEPAL y la OEA.
Los textos seleccionados —discursos oficiales, editoriales periodísticos, normativas, programas de estudio y manuales escolares— materializan tres ejes o dimensiones complementarias de esta arquitectura político-pedagógica autoritaria. En síntesis, los textos aquí reunidos – a nivel discursivo, curricular y reglamentario- muestran algunos de los rasgos de la pedagogía autoritaria y su utilización como un campo de batalla para la reconfiguración de la sociedad.
La primera dimensión reúne los discursos que abonaron la noción de “enemigo interno” y legitimaron la intervención en la enseñanza. Alineadas con la Doctrina de la Seguridad Nacional, estas exposiciones -como las de vice-rector del Consejo Nacional de Educación (CONAE), coronel Julio R. Soto, o del ministro de Educación y Cultura (MEC), Edmundo Narancio- sostenían que la “civilización occidental y cristiana” habría sido sistemáticamente socavada por el “comunismo internacional”. Esta narrativa se tradujo en la caracterización de un sistema educativo en crisis producto del “adoctrinamiento totalitario” y sirvió para justificar una “verdadera laicidad”, definida como la formación de “ciudadanos cabales” con plena conciencia de los supremos valores llamados a “defender y servir” a la democracia. La prensa afín al régimen (como El País, El Diario o La Mañana) amplificó este relato con editoriales que presentaban al Estado como garante del orden moral y la seguridad nacional – cuya integridad exigía el control absoluto de la enseñanza, al tiempo que impulsaban la educación privada en nombre del derecho de los padres a elegir la escuela para sus hijos y cuestionaban la gratuidad de la enseñanza.
La segunda dimensión corresponde a la materialización de estos principios en la currícula, a través de la creación de la asignatura “Educación Moral y Cívica” en el marco de la Reforma Educativa de 1976. Los documentos reunidos muestran que esta disciplina fue utilizada para transmitir la doctrina conservadora del régimen, a través de programas y manuales que promovían un patriotismo acrítico, una visión jerárquica y patriarcal de la familia y la sociedad, y la adhesión incondicional al orden establecido. A su vez, la historia reciente era reinterpretada para legitimar el golpe de Estado y el papel restaurador de las Fuerzas Armadas.
La tercera dimensión la constituyen algunos ejemplos del denso entramado de reglamentos que habilitó un control minucioso sobre los cuerpos, las conductas y múltiples aspectos de la vida cotidiana de los liceos. Esta normativa, abarcó desde el uso obligatorio del uniforme y la imposición de códigos estrictos de comportamiento, hasta el enarbolamiento del pabellón nacional, pasando por la regimentación del trabajo de directores y ascriptos. Esta trama represiva -que también incluyó mecanismos institucionalizados de vigilancia, sanción y expulsión de estudiantes y docentes considerados “peligrosos”- se complementó con la censura aplicada por la Comisión Asesora de Textos, responsable de purgar las bibliotecas, “como garantía de verdad, y para la mejor expresión de la Doctrina Nacional”.
Propaganda oficial contratada. La Mañana, 09/01/1976